El llamado «impuesto al sol» es un ejemplo de una política gubernamental que, en su momento, fue ampliamente criticada por su aparente absurdo. La idea de gravar a las personas por aprovechar la energía del sol, una fuente de energía natural y renovable, parecía completamente contraproducente y perjudicial para la adopción de tecnologías limpias y sostenibles.
En nuestro país se aplicaron regulaciones y tarifas que penalizaban a quienes instalaban sistemas de energía solar fotovoltaica conectados a la red eléctrica desde 2015 hasta 2018. De esta manera se estaba desalentando activamente una forma de energía limpia y renovable. Esto iba en contra de los objetivos de reducción de emisiones de carbono y del fomento de fuentes de energía más sostenibles.
Los críticos argumentaron que este tipo de impuesto era un ejemplo de intereses económicos y políticos que favorecían a las compañías eléctricas tradicionales en lugar de promover la adopción de energías renovables. En lugar de incentivar a las personas a invertir en sistemas solares y contribuir a la producción de energía más limpia, se les imponían obstáculos financieros y regulaciones engorrosas.
Afortunadamente se han realizado cambios en la legislación para eliminar o reducir estas barreras y fomentar la adopción de la energía solar y otras fuentes de energía limpia. Sin embargo, este ejemplo del «impuesto al sol» sigue siendo un recordatorio de cómo las políticas pueden a veces alejarse de objetivos ambientales y de sostenibilidad en lugar de promoverlos.
